Ley de Control Ambiental de Cantabria: Simplificación y Agilización de Trámites Administrativos
En Santander, el 13 de agosto de 2024, se presentó el anteproyecto de la futura Ley de Control Ambiental de Cantabria, la cual busca mantener al cien por cien las garantías de protección medioambiental, pero al mismo tiempo simplificar y agilizar los trámites administrativos para ciudadanos y empresas interesadas en iniciar una actividad. Este nuevo instrumento se posiciona como un apoyo al desarrollo industrial y económico de la comunidad autónoma.
El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, destacó que esta ley, que reemplazará a la obsoleta Ley de Control Ambiental Integrado del año 2006, está alineada con el compromiso del Gobierno de Cantabria en cuanto a simplificación administrativa. Se busca eliminar las demoras excesivas en la concesión de autorizaciones ambientales, considerando que la tardanza en estas decisiones no garantiza eficiencia en la administración.
Novedades de la Ley
Una de las principales novedades que introduce esta nueva ley es la creación de la declaración ambiental responsable para proyectos de escasa relevancia ambiental. Además, se sustituirá la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe de la Dirección General de Medio Ambiente para proyectos de mayor envergadura.
Esta medida permitirá que proyectos de menor importancia puedan iniciar su actividad con una declaración responsable por parte del interesado y el técnico competente, agilizando así el proceso de autorización. En caso de incumplimiento, la actividad podrá ser clausurada de inmediato y se aplicarán sanciones tanto al promotor como al técnico responsable.
Objetivos y Medidas Cautelares
La nueva ley tiene como objetivos alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente, agilizar trámites y evitar duplicidades, establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de instalaciones, impulsar la corresponsabilidad público-privada, establecer medidas correctoras para reparar posibles daños ambientales y fomentar la participación social.
Además, se contempla la posibilidad de aplicar medidas cautelares urgentes en casos de riesgo grave, donde la administración podrá paralizar la actividad, precintar instalaciones y maquinaria, e incluso retirar productos. También se incrementarán las sanciones, que podrán ir desde los 200 euros hasta los 500.000 euros para infracciones graves.
En resumen, la futura Ley de Control Ambiental de Cantabria busca simplificar administrativamente los trámites ambientales, garantizando que las actividades necesarias para el progreso de la región puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente. Se espera que sea aprobada en el Parlamento con el máximo consenso posible, demostrando así un compromiso con el desarrollo sostenible de la región.